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Imagen corresponde a: Etiopía experimentó una grave crisis alimentaria en 2019, con unas tasas de hambre y malnutrición que se dispararon hasta niveles alarmantes.    

Ayuda humanitaria

Venezuela, con 9,3 millones de personas es el cuarto país con inseguridad alimentaria aguda necesitadas de asistencia urgente. La ONU advierte que, si no se toman medidas, se pueden enfrentar múltiples hambrunas en unos pocos meses.

A finales de 2019, 135 millones de personas de 55 países y territorios sufrían hambre extrema (inseguridad alimentaria severa en lenguaje técnico), de acuerdo con el informe de la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias que advierte que es la cifra más alta documentada desde la primera edición del estudio en 2017 y un incremento de 22 millones respecto al año 2018.

El informe, realizado por una alianza internacional de organismos de las Naciones Unidas, gubernamentales y no gubernamentales que trabajan para abordar las causas fundamentales del hambre extrema, también indica que en ese medio centenar de naciones 75 millones de niños sufrieron retraso en el crecimiento y 17 millones sufrieron emaciación, o delgadez excesiva causada por la falta de alimentación.

Los principales factores que motivaron este crecimiento fueron los conflictos (el factor clave que empujó a 77 millones de personas a la inseguridad alimentaria aguda) en particular la República Democrática del Congo y en Sudán del Sur, junto a los fenómenos meteorológicos extremos (34 millones de personas) y las turbulencias económicas (24 millones) en Guatemala, Haití, Pakistán, Zambia y Zimbabwe.

Situación en América Latina

Por localización geográfica, más de la mitad, alrededor de 73 millones, de los 135 millones de personas viven en África; 43 millones viven en Oriente Medio y Asia y 18,5 millones viven en América Latina y el Caribe.

Venezuela aparece como la cuarta mayor crisis alimentaria del mundo, con 9,3 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda y necesitadas de asistencia urgente, a tenor de los nuevos datos disponibles en 2019.

En los cuatro países del Corredor Seco centroamericano (El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), la sequía ha dejado a 3,2 millones pasando hambre, mientras que en Haití, la crisis política y socioeconómica empeoró la inseguridad alimentaria extrema, con 3,7 millones de personas afectadas.

Además, 1,2 millones de migrantes y refugiados venezolanos en Colombia y Ecuador también sufren hambre aguda.

La COVID-19 lo puede empeorar todo

Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos calcula que el impacto económico del COVID-19 durante este año elevará a 265 millones el número de personas expuestas a inseguridad alimentaria aguda. La cifra casi dobla los registros de 2019 cuando se contabilizaron 135 millones en esa situación.

Ante este espectacular aumento, esta agencia humanitaria de la ONU destacó como "fundamental" la necesidad de mantener los programas de asistencia alimentaria, entre ellos los propios de la Organización, que sirven para ayudar a casi 100 millones de personas vulnerables en todo el planeta.

Cifras clave:

Unos 265 millones de personas en los países de ingresos bajos y medios estarán en situación de inseguridad alimentaria aguda a finales de 2020 de no adoptarse medidas rápidas

La mayoría de las personas que padeció inseguridad alimentaria aguda en 2019 se encuentran en países afectados por conflictos (77 millones), por el cambio climático (34 millones) y por crisis económicas (24 millones de personas)

Las peores crisis alimentarias en 2019 se centraron en 10 países: Yemen, la República Democrática del Congo, Afganistán, Venezuela, Etiopía, Sudán del Sur, Siria, Sudán, Nigeria y Haití

En 2019, el 61% de la población de Sudán del Sur se encontraba en estado de crisis alimentaria o peor. Otros seis países tenían al menos el 35% de su población en estado de crisis alimentaria: Sudán, Yemen, República Centroafricana, Zimbabwe, Afganistán, República Árabe Siria y Haití

Estos diez países representaban el 66% de la población total en, es decir, 88 millones de personas

El informe a debate en el Consejo de seguridad

Coincidiendo con el lanzamiento del informe el Consejo de Seguridad dedicó una sesión sobre la "Protección de los civiles contra el hambre provocada por los conflictos".

Durante el evento intervinieron el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Qu Dongyu y el Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley.

Beasley subrayó que actualmente con la crisis de COVID-19 "no sólo nos enfrentamos a una pandemia de salud mundial, sino también a una catástrofe humanitaria mundial".

El máximo responsable del PMA recordó que 821 millones de personas se van a la cama con hambre cada noche en todo el mundo.

"Todavía no hay hambrunas, pero debo advertirles que, si no nos preparamos ahora mismo para asegurar el acceso, evitar la falta de financiación y las interrupciones, podríamos enfrentarnos a múltiples hambrunas de proporciones bíblicas en unos pocos meses", recalcó.

Cuatro prioridades de intervención del informe:

Aumentar y expandir los sistemas de vigilancia a distancia de la seguridad alimentaria, casi en tiempo real, que proporcionen información actualizada sobre los efectos del brote en la seguridad alimentaria y en los medios de vida, la salud, el acceso a los servicios, los mercados y las cadenas de suministro, entre otros aspectos, para adoptar medidas inmediatas y de mitigación

Mantener la asistencia humanitaria crítica en forma de alimentos, medios de subsistencia y nutrición para los grupos vulnerables -adaptada a los posibles efectos de COVID-19- que garanticen la satisfacción plena de las necesidades

Reforzar y ampliar los sistemas de protección social para garantizar que los más vulnerables, que se encuentren afectados por el COVID-19 o corran un alto riesgo de padecerlo, puedan seguir teniendo acceso a los alimentos

Aumentar el apoyo a la elaboración de alimentos, al transporte y a los mercados locales de productos, y fomentar la apertura de los corredores comerciales que garanticen el funcionamiento continuo de la cadena de suministro de alimentos y los sistemas agroalimentarios esenciales en los países con crisis alimentarias.

Fuente: www.un.org/es/