¿Debe el Estado retirar compulsivamente a personas que viven en la calle?

Con las primeras noches frías del año, Uruguay vuelve a enfrentar una realidad que genera preocupación, tensión social y un fuerte debate público: la situación de las personas que viven en la calle. Mientras aumentan los operativos de asistencia y se amplían los refugios, reaparece una pregunta incómoda pero inevitable: ¿hasta dónde puede intervenir el Estado cuando una persona rechaza ayuda y permanece a la intemperie?

La discusión no es nueva, pero cada invierno cobra mayor intensidad. Las bajas temperaturas, los riesgos de hipotermia y las muertes ocurridas en años anteriores empujan nuevamente el tema al centro de la agenda pública.

Según datos presentados por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), más de 13.500 personas fueron atendidas en dispositivos vinculados a situación de calle durante 2025 en todo el país, una cifra superior a la registrada el año anterior. Además, el sistema de protección social pasó de unas 5.000 plazas con alojamiento a más de 8.000 en apenas un año.

El punto más polémico: la evacuación obligatoria

Uno de los aspectos que más debate genera es la posibilidad de realizar traslados compulsivos durante episodios de frío extremo.

Cuando se decreta alerta roja por bajas temperaturas, el Estado puede disponer el traslado obligatorio de personas en situación de calle hacia refugios o centros de asistencia, incluso cuando estas no desean concurrir voluntariamente. El objetivo es evitar consecuencias graves para la salud o incluso fallecimientos por exposición al frío.

Para algunos sectores, esta medida es necesaria y razonable.

Quienes apoyan la intervención sostienen que:

• la prioridad debe ser preservar la vida;
• muchas personas presentan problemas de salud mental o consumo problemático;
• permanecer a la intemperie durante noches de frío extremo implica un riesgo sanitario evidente;
• el Estado no puede permanecer pasivo frente a situaciones de vulnerabilidad extrema.

Desde esta mirada, permitir que alguien duerma en la calle bajo temperaturas críticas no sería una cuestión de libertad individual, sino una falla de protección social.

Libertad individual o protección estatal

Sin embargo, otros actores sociales y especialistas cuestionan la idea de retirar personas de manera obligatoria.

Las críticas apuntan principalmente a:

• el derecho de las personas a decidir sobre su propia vida;
• las condiciones de algunos refugios;
• los problemas de convivencia existentes en ciertos centros;
• y el riesgo de tratar el problema únicamente desde la emergencia.

También señalan que muchas personas rechazan refugios por experiencias negativas previas, conflictos internos, robos, violencia o dificultades vinculadas a adicciones y salud mental.

Desde esta perspectiva, el retiro compulsivo puede transformarse en una solución temporal que no resuelve las causas estructurales del problema.

Un fenómeno mucho más complejo

El propio gobierno reconoce que la situación de calle ya no puede abordarse únicamente como un problema estacional de invierno.

La nueva Estrategia Nacional sobre Situación de Calle presentada este año propone un enfoque permanente bajo el concepto de “Plan 365”, buscando que las respuestas funcionen durante todo el año y no solamente en períodos de frío intenso.

Entre las medidas anunciadas se incluyen:

• ampliación de refugios y centros 24 horas;
• programas de vivienda con acompañamiento;
• dispositivos especializados en salud mental y adicciones;
• programas de inserción laboral;
• seguimiento a personas liberadas del sistema penitenciario;
• y nuevas herramientas para reportar casos de personas durmiendo en la vía pública.

El fenómeno además dejó de concentrarse únicamente en Montevideo. Las autoridades afirman que la problemática creció en distintos departamentos del país y requiere respuestas nacionales permanentes.

El debate que Uruguay todavía no resuelve

Cada invierno deja imágenes que impactan:

personas durmiendo en plazas, bajo techos improvisados, en cajeros automáticos o entradas de comercios, mientras la temperatura cae durante la madrugada.

Y detrás de cada caso aparecen preguntas difíciles:

• ¿qué ocurre cuando alguien rechaza ayuda?
• ¿hasta dónde debe intervenir el Estado?
• ¿la libertad individual puede mantenerse intacta en situaciones extremas?
• ¿los refugios actuales realmente logran reinsertar socialmente?
• ¿el problema es solamente económico o también sanitario y social?

Mientras el frío avanza y aumentan los operativos, Uruguay vuelve a enfrentarse a una discusión compleja, donde chocan derechos individuales, responsabilidades estatales y una realidad social que parece crecer año tras año.

Porque más allá de las diferencias políticas o ideológicas, hay algo sobre lo que existe cada vez menos discusión:

la calle no parece ser un lugar para vivir.