Un informe del Ministerio del Interior advierte sobre un crecimiento sostenido del delito, impulsado por el uso de tecnologías digitales y con baja tasa de imputaciones.

Las estafas se han convertido en uno de los delitos de mayor crecimiento en Uruguay durante la última década. Así lo indica el Informe Temático sobre Estafas 2025, elaborado por el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior, que analiza la evolución del fenómeno, sus características principales y los desafíos que enfrenta el sistema de seguridad y justicia.

Según el documento, el delito de estafa —definido como la obtención de un beneficio patrimonial mediante engaño y sin violencia— ha experimentado un aumento sostenido y acelerado, posicionándose entre los delitos más denunciados del país.

Un crecimiento sin precedentes en las denuncias

Entre 2013 y 2024, las denuncias por estafa pasaron de tasas bajas a niveles históricamente altos. El informe muestra que el crecimiento supera ampliamente al de otros delitos tradicionales, consolidando a la estafa como un problema estructural de seguridad pública.

Este aumento no responde únicamente a una mayor propensión a denunciar, sino también a una transformación en las modalidades delictivas, impulsada por la expansión del uso de internet, redes sociales, plataformas de compraventa y medios electrónicos de pago. La digitalización de la vida cotidiana ha ampliado las oportunidades para los engaños, reduciendo costos y riesgos para los autores.

En 2024, las estafas se ubicaron entre los delitos más denunciados a nivel nacional, solo por detrás de rapiñas y hurtos, de acuerdo con los registros oficiales.

Alta victimización y subregistro

El informe advierte que las denuncias registradas representan solo una parte del fenómeno real. Datos provenientes de encuestas oficiales indican que una proporción significativa de personas afectadas no formaliza la denuncia, ya sea por montos bajos, dificultades para identificar al autor o desconfianza en la posibilidad de recuperación del dinero.

Esta situación genera un subregistro relevante, lo que implica que el número real de estafas cometidas en el país sería considerablemente mayor al reflejado en las estadísticas policiales.

Distribución territorial y perfil de las víctimas

Las estafas se registran en todo el territorio nacional, aunque con variaciones entre departamentos. El fenómeno no se concentra exclusivamente en Montevideo, sino que presenta niveles elevados también en varios departamentos del interior, lo que confirma su alcance generalizado.

En cuanto a las víctimas, el informe señala que las personas adultas en edad económicamente activa concentran la mayor parte de los casos. Asimismo, una parte significativa de las estafas no tiene como víctima directa a una persona física, sino a empresas, instituciones u organizaciones, lo que complejiza aún más la investigación penal.

Brecha entre denuncias e imputaciones

Uno de los aspectos más relevantes del informe es la baja tasa de imputaciones en relación con la cantidad de denuncias. En promedio, solo una pequeña proporción de los casos denunciados llega a una imputación penal efectiva.

El Ministerio del Interior atribuye esta brecha a diversos factores: la complejidad técnica de las investigaciones, la fragmentación territorial de los hechos, el uso de identidades falsas y, en muchos casos, la dimensión transnacional de las estafas, especialmente aquellas cometidas mediante medios digitales.

Limitaciones del sistema de información

El documento reconoce importantes desafíos en materia de registro y análisis del delito. Los sistemas actuales no permiten clasificar de forma detallada las modalidades de estafa, los canales de contacto utilizados ni los instrumentos tecnológicos empleados, lo que limita la capacidad de diseñar políticas de prevención más eficaces.

Asimismo, la falta de estandarización con clasificaciones internacionales dificulta la comparación del fenómeno a nivel regional y global.

Líneas de trabajo y desafíos futuros

Como respuesta a estas limitaciones, el AECA plantea la necesidad de profundizar investigaciones específicas, en coordinación con áreas especializadas del Ministerio del Interior, para mejorar la comprensión del fenómeno. Entre los objetivos se destacan la identificación de modalidades predominantes, el análisis del uso de tecnologías y la mejora en la calidad de los datos estadísticos.

Una amenaza en expansión

El informe concluye que las estafas representan un delito en expansión, dinámico y altamente adaptativo, que desafía los mecanismos tradicionales de prevención y persecución penal. Su crecimiento sostenido y su vínculo con entornos digitales exigen respuestas integrales, tanto en materia de investigación como de concientización ciudadana.

Fuente: Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA)