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“La explotación sexual comercial de niños y adolescentes es una de las formas más graves de vulneración de sus derechos”, sostuvo el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. El Poder Ejecutivo aprobó este lunes 2 en Consejo de Ministros un protocolo sobre explotación sexual de niños y adolescentes, que será presentado como proyecto de ley al Parlamento.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, anunció este lunes 2, tras finalizar el Consejo de Ministros, la aprobación de un protocolo de detección, investigación y explotación sexual comercial de niños y adolescentes, que será presentado al Parlamento como proyecto de ley. Consideró que la iniciativa “no ofrece mayores dificultades y es compartida por todos”.

Con el protocolo se busca orientar la actuación policial y brindar herramientas prácticas para garantizar los derechos de las víctimas, testigos, peritos y organizaciones involucradas, así como estandarizar los mecanismos de coordinación interinstitucional en la investigación y atención integral de los casos de violencia basada en género.

En el documento se establecen, además, principios rectores de los procedimientos policiales que permitan garantizar los estándares mínimos definidos en las directrices de las Naciones Unidas y de normativas internacionales.

“La explotación sexual comercial  de niños y adolescentes es una de las formas más graves de vulneración de sus derechos”, sostuvo el jerarca. “Es una forma de violencia que genera daños a nivel físico y psíquico”, precisó.

Derechos humanos, género, diversidad sexual y  generaciones son los cuatros conceptos generales en los que se basa el protocolo,  en el que se disponen los principios rectores para la intervención policial: no revictimización (las autoridades intervinientes no deben emitir juicios de valor sobre conductas y costumbres de las víctimas) y la protección inmediata a las personas involucradas. “Se debe garantizar el proceso de la investigación”, indicó.

En este sentido, destacó la necesidad de contar con funcionarios policiales especializados que cumplan con el protocolo porque “estén convencidos” de que es lo correcto, agregó.

El texto hace referencia al derecho de las víctimas a estar informadas y al concepto de “prueba anticipada”, como forma de garantizar que el proceso se lleve adelante de manera correcta y no detenga en ningún momento la investigación. Destaca, además, la participación activa de niños y adolescentes y establece el interés superior.

Con respecto a la actuación policial, Bonomi hizo énfasis en que las investigaciones en las que estén relacionados niños y adolescentes deberán ser prioritarias en la atención y ser comunicadas de inmediato  a la Fiscalía para disponer de las coordinaciones por realizar con el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU). “El plazo de las comunicaciones no podrá superar las dos horas”, subrayó.  

En relación con la problemática, el ministro reconoció que es “un tema que en el pasado, muchas veces, fue tratado con menos atención”.  Insistió en la necesidad de escuchar a los niños y considerar los detalles menores. “No son cosas de niños, son cosas serias”, resaltó.

También dijo: “El protocolo busca establecer los procedimientos y las formas por ley para darles permanencia”.  “Hay procedimientos que ya se vienen cumpliendo”. “Existen lugares especializados para realizar las denuncias que ya cuentan con personal especializado”.

Además insistió: “No se establecen cambios sustanciales, se establece un protocolo a seguir para todos los casos y por todos los actores involucrados”.