Uruguay adecuó legislación según requerimientos del Protocolo de Nagoya para el buen uso de los recursos genéticos
El proyecto piloto de implementación del Protocolo de Nagoya finalizó este martes 18
Tras tres años de trabajo para hacer modificaciones jurídicas con el fin de proteger el material genético nacional, como dispone la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El director de Medio Ambiente, Alejandro Nario, y el gerente general del programa, Alejandro Lago, destacaron al país como referente en la materia en América Latina.
La ONU había elegido a Uruguay para desarrollar este proyecto piloto de implementación del Protocolo de Nagoya, que llegó a su fin este martes 18 luego de un trabajo de tres años, informó Nario.
Su resultado fue la definición de modificaciones legislativas para aplicar el compromiso global al respecto, añadió el jerarca en el marco del taller “Fortalecimiento de los recursos humanos, los marcos legales y las capacidades institucionales para aplicar el Protocolo de Nagoya”, realizado en el salón de actos de la Torre Ejecutiva, sede del Gobierno nacional.
Por su parte, Lago destacó como referente de América Latina en la materia a Uruguay desde que adhirió como integrante n.º 50.
Todo material genético con valor real o potencial, como plantas, animales y microorganismos, incluidos, es definido como recurso genético y considerado Patrimonio de la Humanidad y base de la seguridad alimentaria de los seres del planeta. Por eso su pérdida supone una grave amenaza a la estabilidad de los ecosistemas, el desarrollo agrícola y la alimentación mundial, según definió la ONU.
Ante esa amenaza, esa organización promovió la firma del Protocolo de Nagoya, un acuerdo global que complementa el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) de 1992. En ese marco, Uruguay resolvió la instalación de un régimen provisorio de acceso a recursos genéticos nacionales (resolución n.º 1844/2017).
El Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios fue firmado en esa ciudad japonesa en 2010 y está vigente desde 2014. Ese acuerdo ofrece un marco legal y transparente para la efectiva implementación de uno de los tres objetivos del CDB: el intercambio justo y equitativo de beneficios a partir de la utilización de los recursos genéticos.
Fuente: www.presidencia.gub.uy